Autoridades siguen la pista de ilegalidades de empleados y directivos de la empresa.
La red empresarial que sirve cobertura al huachicol
De acuerdo con información clasificada de autoridades mexicanas que llegó a manos de periodistas especializados en el sector energético gracias al contexto de transición de gobierno en marcha, en varias investigaciones sobre el mercado ilegal de huachicol en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, Grupo Marsori opera una compleja red de exempleados de la Petróleos Mexicanos (Pemex) y técnicos calificados que sirven a los capos del mercado negro de extracción, distribución y venta ilegal de hidrocarburos en el país.
En el grueso expediente de 2,000 fojas que contienen el modus operandi de una de las redes ilícitas más grandes del país, destacan también importantes operaciones de lavado de dinero y corrupción en las que han incurrido para obtener y poner en funcionamiento los complejos de almacenamiento, guarda, distribución y transporte de hidrocarburos, así como la importación de petrolíferos.
Los periodistas independientes de …. tuvimos acceso al largo historial de ilegalidades que desnudan al Grupo Marsori, quienes por más de 35 años han operado en el mercado de almacenamiento y distribución de gas natural y en los últimos años en el nicho gasolinero, entre otros productos energéticos. Por la importancia del expediente, publicaremos en entregas esta importante historia que podría ser uno de los primeros temas que atienda el nuevo Gobierno Federal que entrará en funciones en diciembre a cargo de Andrés Manuel López Obrador.
Grupo Marsori está en la mira del Gobierno Federal, detectaron movimientos millonarios en negocios de Vicente Soriano.
Por lo menos 16 integrantes del Grupo Marsori son parte de la investigación para desarticular redes de venta de hidrocarburos y lavado de dinero de los grupos delictivos que operan en la zona del Golfo de México y en estados aledaños.
En el extenso expediente se describe la participación de varios miembros de la familia Soriano, propietaria del grupo encabezado por Vicente Soriano García y su pareja, Marisela Ortiz Moya, quien es señalada como el cerebro financiero de los movimientos para el lavado de dinero de recursos provenientes de la extracción ilegal de gasolina y gas, así como su comercialización en por lo menos siete estados del país, asesorada por la abogada Maricarmen Robles Millán que tiene la función de activar la protección jurídica de la red, para blindar a operadores de la comercialización que encabeza Iván Melo González, quien a su vez gestiona los contactos con los compradores a gran escala del huachicol.
A través de una estructura de colaboradores con diferentes funciones dentro de la empresa, de acuerdo con las autoridades policiales, Grupo Marsori brinda asesoría técnica a los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Los Zetas, quienes se disputan el jugoso negocio ilegal principalmente de huachicol. Andrey Soriano Aboytes es señalado como responsable de encabezar a una cadena de técnicos con el apoyo de Humberto Dector Jiménez, entre los que se encuentran los ingenieros Daniel Andraca Eslava, Hugo Fonseca Castellanos, José René Hernández Ortiz, Ramón Reyes Rosario, René Olguín Barrera, Pedro Zurita Villeda, César Alpizar García, entre otros.
El modus operandi del área de gestión y control de la red de protección de algunas autoridades de los tres órdenes de gobierno y de Pemex, está cargo de Irma Soriano Aboytes también hija del director general y procura las relaciones con funcionarios para mantener a salvo el negocio, con el apoyo de Juan Javier Gómez Sánchez. Ambos protegen a Gabriel Larrañaga quien es el responsable de los flujos de capital y lavado de dinero que regularmente resguardan en Av. De las Espuelas del Fraccionamiento Charros del Pedregal, en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México y la sede de Grupo Marsori en la calle de Juventino Rosas 114, colonia Guadalupe Inn, en la Ciudad de México.
Parte de ex trabajadores de Pemex y familiares de Vicente Soriano involucrados y ahora investigados
El expediente de investigación describe que a través de la cadena de distribución y almacenamiento de las terminales de Grupo Marsori en Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Valle de México, y las interconexiones, ductos y gasoductos de Puebla y Tamaulipas, se oculta una compleja red de personal de ex empleados y jubilados de Pemex que realiza actividades encubiertas, especialmente al cobijo de Irma Soriano Aboytes, la Gerente del Sistema de Gestión Integral (SGI) y Vocal de la Comisión de Seguridad e Higiene de la Dirección de Administración y Finanzas y el Comité de Gestión Integral de Grupo Marsori y bajo el mando de Vicente Soriano. Ella tiene, dicen los documentos, que ver son la puesta en marcha de plantas, operación y mantenimiento de estaciones de bombeo y terminales de transporte para la recepción, almacenamiento y salida de hidrocarburos.
Las investigaciones indican que ella no informa a la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) de los resultados de auditorías que en las que en ocasiones se señalaba falta de calidad y seguridad sobre las obligaciones de la empresa para cumplir las normas sobre transparencia, seguridad y medio ambiente, con el propósito de mantener las certificaciones evadiendo los filtros.
De igual forma, estos procedimientos junto con la asesoría técnica que brindan a los cárteles, han facilitado burlar otros controles como los del Sistema de Control de Supervisión y Adquisición de Datos de Pemex.
Por ejemplo, en uno de los informes de auditoría referente al expediente 2016/0559/ER/01 se señala, según las investigaciones, que Grupo Marsori no incluyó en la auditoría interna la parte de la gestión de importación de hidrocarburos, ni clarificó la generación de residuos peligrosos a pesar de que realiza actividades para las que usa maquinaria en el proyecto San Luis-Vía Férrea, así como aditivos y desmoldantes tipo Celda C-40.
De igual forma, la empresa incumplió con la ley al no incluir ordenamientos de los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, además de omitir requerimientos que se establecen en las normas en materia de importación, traslado y almacenamiento de los hidrocarburos.
Lo anterior ha hecho posible que se complique el contar con la evidencia más exacta se los vínculos y procesos que mantienen en sus relaciones de negocios con los capos de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, que operan en las regiones que domina Grupo Marsori, pero se sabe que los flujos de capitales que generan las actividades ilícitas de esta red, ascienden a cerca de 17 mil millones de pesos, casi el 50 por ciento de lo que representa el mercado ilegal de hidrocarburos en el país el cual se calcula en 35 mil millones de pesos.
De acuerdo con las cifras de un reporte anual de Pemex enviado a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Comisión de Valores de los Estados Unidos, el crecimiento del huachicol se ha disparado en el país hasta en más de 800% en tan solo una década.
Ahora esta investigación filtrada a algunos medios, parece que tendrá una importante atención de las nuevas autoridades federales que ya desde el proceso electoral demostraron que quieren poner un alto a los grupos delictivos que operan el jugoso mercado del huachicol y la venta de gas ilegal.
Cabe recordar que la coalición “Juntos Haremos Historia” bajó de la contienda electoral en Puebla a su candidato a la alcaldía de Palmar de Bravo, Martín Mirón López, por sus nexos familiares con ladrones de hidrocarburos, ya que éste es tío de uno de los líderes huachicoleros en la entidad identificado como Jesús Martín Mirón López, alías El Kalimba, quien fuera abatido en 2017.
