Grupo Marsori pagó ilegalmente 5 millones de pesos a
autoridades municipales para que le omitieran la supervisión de las obras de
construcción de las vías de acceso al ejido de La Pila, San Luis Potosí, que
finalmente continúan afectando las parcelas y terrenos de más de 200
ejidatarios de la zona que sufren regularmente inundaciones, según revela el
expediente de investigación en manos de autoridades federales y filtrada a
varios periodistas sobre la empresa gasera.
La
trama de corrupción, según documentos del proceso de investigación, comenzó
hace unos años con acuerdos para la obtención de licitaciones del Gobierno de
San Luis Potosí, por cantidades millonarias que variaban según el tamaño del
proyecto entre José Vicente Soriano García, director general de Grupo Marsori,
y el actual Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, José Luis
Ugalde Montes.
Luego
de una larga y estrecha relación, ambos personajes decidieron establecer un
mecanismo de “trabajo” para aparentar operaciones previamente acordadas y
movimientos de dinero sin ser detectados. Así, quedaron pusieron a cargo de la
ejecución de los acuerdos previos a la licenciada Ada Amelia Andrade Contreras,
quien funde como Directora de Administración del Gobierno del Estado y a la
pareja del empresario Marisela Ortiz Moya, también responsable del manejo
financiero de Grupo Marsori, junto con Rodolfo Alvarado.
Producto del trabajo de coordinación entre la empresa y las dependencias
del Estado, los arreglos con autoridades municipales se facilitaron vía del
grupo de operadores de Grupo Marsori.
En el expediente se señala que los ejidatarios
desde hace años acusan que no se les paga afectaciones, por ejemplo, de los
predios de uso común por las obras de acceso a la gasera ahora y se les deja
sin posibilidad de sembrar y corriendo el riesgo que al no recibir las
descargas pluviales los estanques para el ganado van a sufrir las
consecuencias.
La vía que transporta millones de litros de gas
desde la carretera 57 que atraviesa el ejido, la construyó y la opera Grupo
Marsori y en colusión con el Ayuntamiento se hizo caso omiso de supervisión por
los que las "pasadas de agua" que van al estanque La Escondida y el
de Juan Alonso fueron afectadas en sus cauces naturales que servían para el
riego de parcelas y llenado de los estanques donde abreva el ganado.
La crisis como unos 200 ejidatarios, entre
ganaderos y agricultores, a quienes además que no se les paga por uso común
donde está construida la vía, ni ningún otro derecho, continúa y parece, según
describe el expediente, que podría derivar en un problema mayor.
Eulogio López Delgado, líder
de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el estado y ejitario de La
Pila, reveló la complicidad por parte de funcionarios de gobiernos municipal y
del Estado, se evidenció luego del desvío de 60 millones de
pesos que fueron supuestamente entregados al entonces comisariado ejidal Guadalupe
Martínez por
el pago de la indemnización en 2017. López
Delgado indicó que “el hijo del funcionario José Luis Ugalde está más que
metido en el asunto de La Pila”, ya que tiene conocimiento de que es
representante legal de la empresa gasera que está operando en La Pila, “es del
Grupo Marsori”.
El líder de la CNC informó que
son cerca de 500 ejidatarios y sus familias los afectados por la falta de pago. Un hijo
de José Luis Ugalde Montes, secretario de Finanzas del gobierno del Estado que
se promovió como aspirante a ser candidato por el PRI al Senado de la
República, fue acusado por ejidatarios de La Pila como parte de una red criminal
que ha desviado el pago de 60 millones de pesos de indemnización por terrenos.
Durante una manifestación efectuada a fines del
pasado mes de julio frente al Palacio de Gobierno para exigir a la
administración encabezada por Juan Manuel Carreras López el pago de esa
indemnización, ejidatarios se encadenaron entre sí y a vallas de fierro,
colocadas para blindar el acceso al edificio sede del jefe del Ejecutivo
estatal.
De acuerdo con los líderes
ejidales, el ingeniero José Vicente Soriano García participará en enero de
2019 como conferencista en el 4th Mexico infraestruture Projects Forum,
que se llevará a cabo en Monterrey, donde algunos de los ejidatarios se
presentarán a manifestar y denunciar al director general de Grupo Marsori por
su participación en la red de ilícitos, en complicidad con el actual Secretario
de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, José Luis Ugalde
Montes.
Grupo Marsori actualmente tiene 4 terminales de
hidrocarburos, 3 interconexiones, así como 1 gasoducto y 2 ductos en los
estados de Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Veracruz y en el Valle de México, que
están bajo investigación. Se trata de un negocio de miles de millones de
dólares que el Gobierno Federal ya tiene en la mira por corrupción, lavado de
dinero y todo parece estar vinculado con la distribución, transporte,
almacenamiento y venta ilegal de combustible o la comúnmente llamada industria
del huachicol.
